Carta abierta a Rafael Correa
Quito, 15 de abril de 2015
Economista,
Rafael Correa,
Presidente de la República del Ecuador
El día martes 14 de abril 2015 se aprobó en el pleno de la Asamblea Legislativa el segundo informe de la “Ley de Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo no Remunerado del Hogar”. El debate en torno a las reformas de la seguridad social ha generado más de una inquietud, sobre todo por sus declaraciones realizadas en el Enlace sabatino del 28 de marzo 2015, así como las del nuevo presidente del directorio del IESS.
En dicho enlace, habló del 40% de las pensiones jubilares como un absurdo porque el IESS es autónomo y tiene superávit. Pero las declaraciones fueron más allá al mencionar que se trata de “una deuda ficticia” porque el Gobierno le ha dado US$ 7,000 millones por pago del 40% de pensiones jubilares y el IESS ha comprado US$ 8,000 millones en papeles del Estado (inversiones). Mencionó textualmente: “le debemos US$ 8,000 millones al IESS, lo cual es una ficción contable”. Después explicó que la deuda de US$ 1,800 millones de dólares por las atenciones de salud de los jubilados y enfermedades catastróficas provienen de una reforma a la Ley de Seguridad Social del 2001 cuando se quería privatizar el IESS y que el Gobierno solicitará la inconstitucionalidad de dicha Ley porque no existe reglamento que establezca el cálculo de las atenciones de salud de los jubilados y enfermedades catastróficas. Entre otros temas señalados, termina diciendo “no le daré 20 centavos más para todas sus ineficiencias”.
Quien preside actualmente el IESS, y que debería ser el custodio de los recursos de la seguridad social asume su cargo afirmando que desconoce deudas que el Estado mantenga con el IESS con lo cual queda en seria duda que se vayan a precautelar los intereses de los actuales trabajadores y cotizantes.
Un aspecto es discutir lo que implica la modificación de la Ley de Seguridad Social y otro lo que implican sus declaraciones referentes a los pagos ya realizados y pendientes, de acuerdo a la normativa vigente, que podrían suponer incluso el desconocimiento de abonos realizados y acuerdos firmados.
Es por esto que analizo, en primer lugar, lo que implica la eliminación del 40% de los aportes estatales a la seguridad social, y luego el desconocimiento de pagos, deudas e inversiones así como la deuda por atención médica de los jubilados.
1. Cambios propuestos sobre la seguridad social en la “Ley de Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo no Remunerado del Hogar”
Pese a que el Gobierno venía trabajando en una propuesta de cambio integral a la seguridad social por más de seis años, en esta ocasión se enviaron escasas reformas al Legislativo que incluyen como lo más importante: la posibilidad de afiliación del trabajo no remunerado, la eliminación del aporte del 40% del Estado a las pensiones jubilares y la modificación de la fórmula de cálculo del crecimiento de las pensiones jubilares.
El argumento central es que el IESS tiene un superávit y no necesita del aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones porque los ingresos de las cotizaciones superan el pago de las pensiones de los jubilados en 1,400 millones de dólares (dato comentado por Fausto Cayambe). Se menciona que habrá un déficit actuarial en el 2047 por lo que por ahora no se requieren estos recursos. Sin embargo, sin contar con el 40%, dicho déficit se adelantaría en el tiempo y se desconocen los estudios actuariales que sustenten ingresos, prestaciones, nuevos cotizantes, afiliados y jubilaciones futuras.
En primer lugar, la seguridad social es la institución que por excelencia debe pensar en el largo plazo. Por lo tanto, no puede ni deben solo pensar en el presente, que ahora no se requieran los recursos no quiere decir que no se van a necesitar en el futuro. Cuando los trabajadores actuales se jubilen, ¿cómo van a mantener asegurado el pago de sus pensiones? Una garantía no es lo mismo que una obligación de pago. Mañana se podrían “garantizar” pensiones jubilares pero ¿de qué monto? La sostenibilidad del sistema de pensiones quedará al libre albedrío del gobierno de turno y la historia no es halagüeña al respecto.
¿La pérdida del 40% está pensada para compensarse con una propuesta integral de largo plazo? ¿Hay un plan de mejoras en la eficiencia del manejo de los recursos de la seguridad social?
Estos elementos están fuera del debate y lo único que se dice es que no se necesita y que no hay deudas pendientes.
En segundo lugar, la reforma realiza un trato diferenciado entre la seguridad social general y las seguridades sociales de las fuerzas armadas y de la policía que mantienen el subsidio del 60% de sus pensiones jubilares. Aquí no aplica el criterio de la garantía sin porcentaje como en el caso de la seguridad social general.
La reforma no respeta el criterio de generalidad pues se mantiene el subsidio más alto en porcentaje para los no civiles.
Obviamente con ese subsidio las pensiones para miembros de las fuerzas armadas y la policía pueden ser más altas que las del resto de cotizantes civiles.
Pero hay un tercer punto que me resulta crucial y genera desconfianza en el manejo de la seguridad social y es la transparencia en las cuentas de los fondos que permitan conocer a ciencia cierta lo que está sucediendo y lo que se está proponiendo.
Los balances publicados en la página web del ente de control, la Superintendencia de Bancos, tienen un retraso de más de un año, el último está disponible a noviembre 2013.
¿Por qué no constan los balances cerrados del 2013 y nada del 2014? ¿Hay algo que no se puede mostrar?
La modificación del subsidio del 40% por una garantía cuando así se requiera, no implica que exista una provisión futura del gasto ni la especificación del momento cuando este aporte será necesario. Vale recordar que tuvieron que pasar más de 20 años para que su gobierno firme acuerdos de pago para sobre esta obligación.
Por los tres puntos mencionados en torno a principios de integralidad, generalidad, sostenibilidad y eficiencia, la reforma no genera confianza pues la historia ha sido ingrata y el futuro aparece incierto.
2. Desconocimiento de deudas
El desconocimiento de deudas tiene dos partes, una, el pago ya realizado del 40% de pensiones jubilares y las inversiones en papeles del Estado; la otra, el pago de las atenciones de salud de los jubilados y enfermedades catastróficas.
La mención de deuda ficticia no se refirió a que en el futuro, el Estado no va a pagar por las pensiones jubilares, cosa ya discutida en el punto anterior, sino al desconocimiento de lo ya pagado, una parte en títulos valor o bonos del Ministerio Finanzas (a los que Betty Carrillo se refirió como cheques no cobrados).
Cabe recordar que se firmaron cuatro instrumentos de pago por el 40% de las pensiones jubilares y las prestaciones de salud de los jubilados: un convenio compromiso de pago en mayo 2008, un acta de compromiso de pago en mayo de 2010, un convenio compromiso de pago en julio 2010, y otro convenio de dación en pago en mayo 2012.
Tampoco queda claro si el Ministerio de Finanzas está al día en el aporte del 40% por pago de pensiones jubilares. Como se puede ver en la siguiente tabla, los pagos de obligaciones se han realizado mediante convenios de pago.
Pagos por pensiones Jubilares (millones de US Dólares)
(3)Período Capital Intereses Total Fecha
01/01/1985 434,6 453,8 888,4 (1) 29/05/08
31/12/2007
01/01/2008 762,1 96,3 858,4 (1) 16/07/10
31/03/2010
01/04/2010 1.318,0 162,7 1.480,7 (2) 26/04/12
31/03/2012
Total 2.514,7 712,7 3.227,5
Instrumento (1) Convenio compromiso de pago
Instrumento (2) Convenio de dación en pago
(3) Período de pago del 40% pensiones jubilares
Pese a que el Estado, en su gobierno anunció ponerse al día públicamente en las obligaciones por el 40% hasta marzo 2012, el 28 de marzo recurre al argumento de que la deuda de 8,000 millones de dólares en inversiones de papeles del Ministerio de Finanzas es ficticia.
Las cifras de 7,000 en pagos del gobierno y 8,000 en inversiones en papeles de Finanzas no pueden ser verificadas pero de acuerdo al último Balance, a noviembre 2013, el aporte del Estado por el 40% fue de 2,107 millones de dólares como “Deuda del gobierno” y por inversiones o compra de papeles se registró: 12,968 millones de dólares en “Inversiones de deuda de renta fija con el sector público”. Estos valores, si bien no están actualizados, difieren de forma importante de los mencionados en el enlace sabatino del 28 de marzo así como con los pagos realizados en los convenios de pago listados anteriormente.
¿Qué quieren decir con que la deuda es ficticia? Si este argumento se diera por cierto, ¿están pensando en afectar a la seguridad social “ahorrándole” al Ministerio de Finanzas honrar los bonos entregados como compromiso de pago? Es decir, ¿se quitarían 7,000 millones de dólares del activo de la seguridad social?
Se supone que las autoridades del IESS tienen la obligación de custodia de los recursos de la seguridad social pero ¿cual será su proceder?
En el desconocimiento de una deuda hay algún perjudicado, en este caso serían los cotizantes y actuales trabajadores afiliados de la seguridad social.
Con respecto al pago de la atención de salud de los jubilados, a noviembre 2013, el balance de salud, como deuda del gobierno por las prestaciones de salud de los jubilados registra un saldo de US$ 1,153 millones (US$ 1,800 millones según sus declaraciones).
Cabe mencionar que esta deuda fue reconocida tres veces por el actual Ministro coordinador de la Política Económica quién ahora la niega; incluso en el acta compromiso de pago de mayo 2010 se mencionan 150 millones dólares por atenciones médicas jubilares de los años 2008 y 2009.
El gobierno habla de que el pago de la salud de los jubilados es improcedente y se solicitará la inconstitucionalidad de la Ley porque no existe el reglamento, pese a que en el 2009 se remitió una propuesta de reglamento a la Presidencia de la República.
Curiosamente esto resulta “conveniente” en el actual contexto donde se requieren recursos para financiar el presupuesto.
Conclusiones
La reforma muy mal socializada cae como un balde de agua fría. A puertas del 1ro de mayo, todo esto resulta incomprensible.
Lo sucedido en el hospital Teodoro Maldonado Carbo es una muestra del manejo ineficiente del IESS. Sin embargo, la reforma propuesta no garantiza el pago por las reservas futuras de los jubilados actuales, ni establece en que momento se realizará el aporte ni con cargo a qué recursos.
El subsidio del 40% fue un logro adquirido, que guste o no, su eliminación representa un retroceso para los trabajadores pues una garantía no genera una obligación en firme de pago.
Habrá que ver cual será la definición con respecto a los pagos realizados y la “deuda ficticia” por lo pagos del 40% de pensiones jubilares en títulos del Estado, puntos que agravarían aún más el déficit actuarial.
Como preguntaría Eduardo Galeano ¿la realidad contra el sentido común muestra que los gobernantes prefieren escuchar solo las voces de sus ecos?
Saludos cordiales,
Katiuska King M.
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