Utilidades y trabajadores: cambio en la fórmula de reparto en telecomunicaciones

 Katiuska King

La presión por obtener recursos económicos para el Presupuesto del Estado puede conducir a malas decisiones de política económica o, lo que es más grave, que no se analicen las situaciones desde las causas que las motivan y que no se realicen análisis de economía política.

Los fondos complementarios y la propuesta de cambio en el reparto de utilidades parecerían una muestra de ello. Pero me quiero referir a la idea de reducir el porcentaje de las utilidades para los trabadores de las empresas de telecomunicaciones del 15% al 3%.

En primer lugar, cabe recordar la forma como se reparten las utilidades en Ecuador. Si una empresa tiene 100 dólares de utilidades, el 15% va para trabajadores, 10% entre todos los trabajadores y 5% proporcional a las cargas familiares de los trabajadores, luego se paga 22%[1] como impuesto a la renta. Es decir, en este ejemplo los trabajadores recibirían 15 dólares, el Estado 18.7 dólares y los dueños de la empresa 66.3 dólares[2]. La reforma propuesta ha planteado un debate sobre los 12 dólares que dejarían de recibir los trabajadores pero no sobre los 66.3 dólares que se llevan los dueños de las empresas que generan utilidades y que obviamente es un valor mucho mayor.

En segundo lugar es preciso puntualizar que el sector de telecomunicaciones es un sector estratégico, clave por sus encadenamientos en el resto de actividades económicas y de alta rentabilidad. En el Ecuador cuenta con participación del sector privado a través de Claro (Conecel) propiedad de América Móvil de Carlos Slim, con 68% de los abonados, de la española Telefónica con 29 % de los abonados y marginal del Estado con CNT-Alegro (3%)[3].

En el 2008 se realizó una renegociación, considerada “exitosa” de los contratos privados con las telefónicas por 15 años más en base a una estrategia de negociación de “negocio en marcha” (IBL news, 2008). Lo último quiere decir que se debieron tomar en cuenta las ventas futuras, el crecimiento del sector y estimaciones de la rentabilidad esperada. Curiosamente el Informe “Privatization Trends” (Kikeri and Perault, 2010) de las privatizaciones realizadas hasta el 2009 indica que la ola de nacionalizaciones esperada por la crisis no ocurrió y por el contrario se registró un leve aumento del valor de las privatizaciones en la que consta la renegociación con las telefónicas privadas que operan en Ecuador. La  nacionalización o no renovación de una de las empresas más rentables podría haber sido una opción pero se asumió que las condiciones de renegociación fueron las convenientes para los intereses del Estado.

Ahora cinco años después, resulta ser que la rentabilidad sobre patrimonio se incrementó, para “Claro en 2013 fue de 155%, mientras que en Movistar  [Telefónica] de 59%. En promedio, en 2007, cuando el Estado renegoció el espectro, la rentabilidad sobre patrimonio fue de 105% para Claro y 47% para Movistar. El promedio mundial de utilidades sobre patrimonio es de 18%.” (El Telégrafo, 18 de agosto de 2014)

Si un sector genera utilidades tan altas como las mencionadas, se pueden señalar algunas razones que podrían explicar tal situación:

  • Existe una regulación lenta y poco oportuna que permite el abuso del poder monopólico de parte de las operadoras privadas así como cobros excesivos a los clientes. Ecuador tiene un costo por minuto de llamada de 36 centavos de dólares que nos ubica por encima de España (país de procedencia de Telefónica) con un costo de 14 centavos, Colombia con 27 centavos o Chile con 34 centavos de acuerdo al Reporte Global de Tecnologías 2014 (El Telégrafo, 20 de agosto de 2014).
  • La renegociación de los nuevos contratos con las telefónicas tuvo deficiencias y en términos intertemporales no fue buena para el Estado. Las estimaciones de crecimiento de clientes y de rentabilidad se quedaron cortas y además no se consideraron las inversiones necesarias que debían realizar las operadoras en los próximos 15 años de tal forma que se reduzcan las tarifas para los usuarios y se garantice la calidad del servicio.

Estos dos puntos deberían ser subsanados en el futuro; hay en curso una multa impuesta a Claro por abuso del poder de mercado. Sin embargo, pasar la factura a los trabajadores sería una clara política que defiende los intereses del capital, preserva utilidades y reduce ingresos de los trabajadores. Algo distante de un gobierno que se dice de izquierda o progresista.

Por otro lado, la medida sugerida de compensar la reducción con aumento de salarios habría impulsado la organización de sus trabajadores, cosa que no sucedió por temor de los trabajadores o amenaza de despido a posibles dirigentes de las nuevas asociaciones de trabajadores.

Aspiro que se repiense la decisión, se realice reflexión interna de cómo se toman las decisiones pues el fin no justifica los medios.

Finalmente, para cambiar las relaciones de poder entre trabajo y capital, o como menciona el gobierno que el ser humano esté por encima del capital se requiere comprender la importancia y el rol de las organizaciones de trabajadores desde la sociedad como desde los trabajadores.

Fuentes

– El Telégrafo, 18 de agosto de 2014, “Los representantes de Claro y Movistar calificaron como positiva la reunión” consultado en http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/los-representantes-de-claro-y-movistar-calificaron-como-positiva-la-reunion.html

– El Telégrafo, 20 de agosto de 2014, “La tarifa móvil, la 44 más cara del mundo (Infografía)” consultado en http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-entre-los-50-paises-con-el-minuto-celular-mas-caro-del-mundo-infografia.html

– IBL News, 11 de mayo de 2008, “Correa: Ecuador da ejemplo de negociación con telefónicas”, consultado en www.iblnews.com/story/37671

– Kikeri, Sunita and Perault, Matthew, 2009, View Point, “Privatization Trends”, Note number 322 in the World Bank Group International, Finance Corporation consultado en http://go.worldbank.org/W1ET8RG1Q0

 


[1] En el 2010, el Código de la Producción estableció una reducción escalonada en la tarifa del impuesto a la renta del 25% al 22% para todas las empresas.

[2] Asumiendo que los trabajadores ganan más del salario digno que para el 2014 fue de 380.53 mensuales. El salario digno se calcula como la suma de los salarios mensuales, 13ro, 14ro y fondos de reserva, otros beneficios y utilidades divididos para 12.

[3] Datos al 2013

Utilidades y trabajadores
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.