La nueva Ley de Mercado de Valores se queda en el cajón

En relación al reciente anuncio de que no se enviará la nueva Ley de Mercado de Valores sino reformas a la existente, comento algunos puntos.

Aunque para muchos el mercado de valores sea algo abstracto, como he mencionado en varias oportunidades es una alternativa de financiamiento para las actividades del sector productivo con mejores plazos y costos.

La propuesta de Ley elaborada, fue discutida con los actores y enviada a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Su espíritu era romper con las trabas que existen para el desarrollo de un mercado de valores que sea apoyo para el sector real y no parte de inversiones especulativas o de ruleta para las entidades financieras. En el 2011 el mercado de valores negoció  un 97% de títulos de renta fija  y el 53% provino del sector financiero.

Pero más que hablar de la Ley en sí, pues para muchos puede ser irrelevante, es importante recordar los hechos y los actores políticos que explican esta decisión. El presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil dijo en su momento que solo basta una llamada suya a Carondelet para que esa ley no pase. ¿Les sorprende? A mí no, cuando llegué al Ministerio Coordinador de la Política Económica en el 2010, ya habían pasado algunos intentos de cambiar la normativa que no llegaron a ningún lugar.

En el año 2012 se enviaron leyes como económico-urgente a la Asamblea e incluso se propusieron cambios a la normativa económica por iniciativa del legislativo. No había “razón” para no enviar la Ley de Mercado de Valores como económico urgente. Solo se buscaron pretextos para no proceder así. En realidad existen intereses que pocos conocen pero que quieren preservar el status quo. Llama la atención que el anuncio de no enviar la nueva Ley lo haga la Superintendencia de Compañías y no un/a vocero/a del Ejecutivo. ¿Cuál es el interés de la Superintendencia en que no pase esta Ley?

Para que cada uno pueda hacer su propio juicio cabe una anécdota. Cuando el Presidente me pidió que elabore una nueva Ley, trabajamos en la definición de los principios y puntos clave para el mercado de valores y me puse de acuerdo con él, no sin antes sortear múltiples obstáculos que ponía la Secretaría Jurídica. El mismo día de la reunión el Presidente tuvo que decirle al Secretario Jurídico que por no entender de qué se trata el mercado de valores, sus comentarios no cabían. Más allá de entender o no, en todo caso, si se interesó mucho en aplazar el tratamiento de la ley.

En materia ya de política pública el manejo de la información contenida en los burós de créditos pasará a manos del Estado, evitando que privados lucren de información pública. Sin embargo, en el mercado de valores no ocurre lo mismo. El Ministerio de Finanzas desmaterializa (registra electrónicamente) títulos valores en el DECEVALE (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de valores), un lucrativo negocio privado, propiedad de las Bolsas de Valores y cuyo sistema transaccional le pertenece al presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Es decir se mantiene un negocio privado a costa del Estado, cuando actualmente una institución pública (el Banco Central del Ecuador) ya presta el mismo servicio a través del DECEVE. La Ley propuesta le retiraba el negocio lucrativo al ente privado.

En el caso de los burós de crédito, no existía uno público, sin embargo el Estado asumirá sus funciones. En el caso de la desmaterialización y compensación de valores ya existe un ente público desde el año 2010 que viene realizando dicha actividad en forma regular sin inconvenientes.

Les recuerdo que las Bolsas de Valores no pagan impuestos porque la Ley actual las considera corporaciones privadas “sin fines de lucro”….

Hay muchas “coincidencias” para que este poder se haya mantenido intocable durante tanto tiempo y ahora no se quiera enviar una nueva Ley.

Como dije al inicio el mercado de valores puede permitir un mejor financiamiento al sector productivo, por lo que es lamentable que se siga aplazando la deuda que tiene el gobierno en materia productiva. Priman los intereses particulares por sobre los del país.

Publicado en Revista Vanguardia 370 del 10 al 16 de diciembre del 2012